Jaque a los administradores de
fincas corruptos en Cataluña
A finales del año pasado, la Guardia Civil de Navarra
recibió innumerables denuncias de comunidades de propietarios por una presunta
apropiación indebida de unos dos millones de euros por parte del administrador
de fincas.
La operación, denominada ‘Freeland’
investiga un presunto delito de apropiación indebida, tras detectarse en
diversas comunidades de vecinos gestionadas por una misma firma transferencias
realizadas a cuentas a ajenas a dichas comunidades.
El Colegio de Administradores de Fincas
lamentó la mala imagen que esto pudiese desencadenar en el colectivo de
administradores de fincas. Un colectivo, generalmente con mala fama y no
siempre sin razón.
En este sentido, la asociación de consumidores Causa
Común envió el pasado verano una carta ‘motu proprio’ a los
presidentes de comunidades de vecinos de Cataluña, alertándoseles ante posibles
malas prácticas y recomendándoles que revisaran las cuentas de sus comunidades
para detectar posibles errores de gestión por parte de los administradores.
Causa Común tiene a sus espaldas repetidos éxitos
en defensa de los derechos de los consumidores y, específicamente, en la lucha
contra la cláusula suelo en los contratos de hipotecas, materia en la que ha
obtenido varias sentencias colectivas favorables. Por ello, el objeto de la
carta entraba perfectamente en el objeto social de la asociación, que es la
defensa de los intereses concretos de los consumidores.
Pero en este país y, en concreto, en Cataluña,
parece que últimamente el mundo gira al revés, ya que a los administradores no
se les ocurrió más brillante idea que querellarse contra la asociación, cosa
que ni siquiera Ryanair ha llegado a realizar.
Sin embargo, Causa Común va a reaccionar
adecuadamente a este burdo intento de defender los intereses de unos pocos y
perjudicar a los intereses generales, ya que propietarios e inquilinos son
también usuarios y, por supuesto, consumidores.
Lo que no sabe el Colegio de Administradores de
Fincas es que han abierto la ‘Caja de Pandora’. Lo que planteaban como una
‘batallita’ se va a convertir en un macro proceso sobre la gestión de los
administradores de fincas en Cataluña.
A partir de la próxima semana, saldrán cartas
dirigidas a comunidades de vecinos, propietarios, proveedores y
suministradores, para que manifiesten sus dudas sobre los precios y
sobreprecios que se han podido pagar en este tipo de servicios. A la causa
probablemente se una el sindicato Manos Limpias, que tiene
como objetivo la lucha contra cualquier caso de corrupción, sea pública o
privada. Y la dirección jurídica será encomendada a Ausbanc.
Ciudad a ciudad, barrio a barrio, calle a calle,
portal a portal, se van a ir verificando la gestión e los administradores,
preguntando si ha habido giros en ‘B’, sobreprecios, etc.
Y yo añadiría: verificar si se han saltado los artículos de la Ley de la Propiedad Horizontal que les ha dado la gana, así como los Estatutos de cada comunidad.
